Basado en la investigación publicada por Clarín, realizada por Ismael Bermúdez.

 

Una crisis de larga data

Según un artículo reciente de Clarín, la situación de los jubilados en Argentina se ha vuelto cada vez más precaria. Aunque el deterioro se ha agravado en los últimos años, su origen es mucho más antiguo. Desde septiembre de 2013, las jubilaciones mínimas con bono han perdido un 36,3% de su valor real, mientras que el resto de las jubilaciones cayó un 49%, según cifras oficiales.

 

Detrás de esta crisis se esconden décadas de malas decisiones, evasión, informalidad, promesas incumplidas y reformas que no lograron estabilizar el sistema previsional argentino.

 

De superávit a vaciamiento

En sus inicios, los sistemas previsionales gozaban de superávit: había muchos aportantes y pocos beneficiarios. Esos excedentes se invertían en bonos y títulos públicos. Según un estudio de FIEL en 1994, en los años 50 esos fondos equivalían al 47% del PBI. Sin embargo, la mala gestión y la inflación hicieron que esos ahorros se diluyeran. Los bonos en los que se invirtieron rendían apenas un 4% anual mientras la inflación rondaba el 20%.

 

El Estado también utilizó esos fondos para financiarse, lo cual provocó un vaciamiento progresivo de las Cajas. Además, se permitió la evasión de aportes y la informalidad laboral, que pasaron del 24% en 1974 al 33% en 2017.

 

Cambios legales y consecuencias

Durante los años 80 y 90, se implementaron leyes que alteraron el sistema de financiamiento. En 1980, se eliminaron las contribuciones patronales, reemplazándolas con fondos provenientes de impuestos coparticipables, lo que generó tensiones entre Nación y provincias y debilitó la sostenibilidad del sistema. Aunque las contribuciones fueron reestablecidas en 1984, nunca volvieron al nivel original.

 

En 1994, se reformuló el cálculo del haber inicial, pasando del 82% móvil al 45% del promedio salarial de los últimos 10 años más una suma fija. Además, se creó el sistema privado de las AFJP, lo que implicó una transferencia de recursos públicos hacia entidades financieras. Se estima que esta transferencia fue de unos 8.000 millones de dólares, según ASAP.

 

El impacto de la crisis y los intentos de reforma

La crisis de 2001/2002 marcó otro hito en el deterioro del sistema. Se incrementaron las jubilaciones mínimas, pero en desmedro del resto, situación que fue cuestionada por la Corte Suprema en el fallo Badaro. En 2008 se estatizó nuevamente el sistema, pero se mantuvo el método de cálculo de los años 90, lo que siguió afectando a los beneficiarios.

 

En 2010, el Congreso aprobó una ley que establecía un haber mínimo del 82% del salario mínimo, pero fue vetada. Las fórmulas de movilidad fueron cambiando, casi siempre en perjuicio de los jubilados. En 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, el cambio de fórmula produjo una pérdida inicial del 8,89% en los haberes, agravada por la inflación.

 

Los años recientes y la fórmula Milei

En 2020, con Alberto Fernández, se suspendió la fórmula vigente y se otorgaron aumentos por decreto. Esto provocó que en algunos casos los haberes mínimos aumentaran más que los del resto, generando desigualdades. En 2021, se implementó una nueva fórmula que no logró ganarle a la inflación.

 

En 2024, el gobierno de Javier Milei introdujo una nueva fórmula de movilidad basada exclusivamente en la inflación. Aunque mejora levemente los haberes inicialmente, esta medida congela las pérdidas acumuladas, ya que sólo mantiene el poder adquisitivo, sin recuperar lo perdido. El bono complementario de $70.000 también permanece congelado, profundizando el deterioro para quienes perciben los haberes más bajos.

 

Una ley del Congreso que proponía una recomposición del 20,6% y un haber mínimo superior fue vetada por el actual presidente. Según IDESA, el objetivo de este cambio es perpetuar el ahorro fiscal a costa del ingreso de los jubilados.

 

El sistema previsional argentino ha sufrido décadas de decisiones erradas, vaciamiento, falta de actualización y reformas parciales que no han resuelto los problemas estructurales. Como consecuencia, hoy millones de jubilados viven con ingresos que no cubren sus necesidades básicas.